En el marco de la función que le otorga la Ley 21.067 para “observar y hacer seguimiento a la actuación de los órganos de la Administración del Estado, a personas jurídicas que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños”, la Defensoría de la Niñez, a partir de la tarea del Observatorio de Derechos de su institución, emitió una serie de recomendaciones al Ejecutivo, a través de diferentes ministerios, con miras a aportar en que la elaboración del presupuesto fiscal 2025 se realice con un enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El informe, ya emitido a la Presidencia de la República, contiene 25 recomendaciones específicas, referentes a los ministerios de Interior y Seguridad Pública, Educación, Justicia y Derechos Humanos, Salud, Desarrollo Social y Familia, Vivienda y Urbanismo, y además otras partidas como la del Ministerio Público, del Tesoro y recomendaciones generales para la gestión presupuestaria. Esto, además, en busca de dar cumplimiento a la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que establece que el Estado debe disponer, hasta el máximo de los recursos que pueda, una especial consideración para los niños, niñas y adolescentes, prohibiéndose su regresividad y priorizándose los recursos en casos de crisis.

La Defensoría de la Niñez viene realizando estos análisis y recomendaciones presupuestarias año a año desde el 2021, con el correspondiente seguimiento por parte de su Observatorio de Derechos.

En esta ocasión, el informe se elaboró tomando en cuenta las directrices de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, el Diagnóstico 2024 del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, así como el seguimiento del gasto presupuestario del presente periodo.

“Los presupuestos públicos son un componente transcendental para asegurar el desarrollo integral y el derecho a un nivel de vida adecuada de los niños, niñas y adolescentes. Por eso como institución le hemos dado continuidad y seguimiento a este tipo de recomendaciones, con miras a que el proyecto de ley de presupuesto no retroceda ni sea regresivo con los avances hoy alcanzados”, explica el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

Las recomendaciones que contiene el informe se desagregan por partida presupuestaria, destacando entre ellas la del Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación del Consumo de drogas y alcohol (Senda), referida a aumentar la cobertura de programas de tratamiento que sean necesarios para los niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección y cuidado alternativo.  En esa línea, pero respecto del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se recomienda fortalecer las capacidades y recursos de la Subsecretaría de la Niñez para la realización de un seguimiento independiente del proceso de implementación del Sistema de Garantías y del Servicio de Protección; aumentar los recursos y posibilidades de ejecución directa de centros residenciales por parte del Servicio; fortalecer las dotaciones de las Direcciones Regionales en funciones ligadas al acompañamiento y supervisión técnica; aumentar los recursos que sean necesarios para dar cuenta en cobertura del aumento de casos ingresados tanto a nivel ambulatorio como residencial, permitiendo (junto a otras gestiones) reducir la lista de espera y sobreocupación; y considerar estudios y gestiones para analizar la actualización del gasto contemplado para la atención, considerando los nuevos diseños programáticos, lo cual se puede realizar mediante las leyes de presupuesto.

Por otra parte, se presenta una recomendación a la Subsecretaría de Servicios Sociales para Fortalecer la cobertura de las residencias familiares para familias con niños, niñas y adolescentes en situación de calle y rediseñar el programa Red Calle Niños, garantizando siempre la continuidad de los servicios.

En materia de salud, se recomienda aumentar los recursos al Ministerio de Salud para la atención de servicios de prevención y tratamiento de salud mental, priorizando a los niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección y cuidado alternativo. Mientras que, en Vivienda, se recomienda continuar y fortalecer las medidas para la intervención con campamentos y asentamientos precarios, fortaleciendo el acceso a los beneficios de las familias con niños, niñas y adolescentes y las políticas de intervención que permitan la creación de modalidades barriales transitorias hacia la vivienda definitiva. 

También se incluye una recomendación a la partida del Ministerio Público, para que en el presupuesto 2025 se contemple aumentar la dotación la Unidad de Delitos Sexuales y Explotación Sexual de NNA de la Fiscalía Nacional, así como la dotación de fiscales especializados en delitos sexuales y de explotación sexual de la Fiscalía Nacional.

Estas y todas las recomendaciones restantes pueden revisarse en detalle en el sitio web de la Defensoría de la Niñez.