La Defensoría de la Niñez, a través de su Observatorio de Derechos y en cumplimiento de sus funciones legales, nuevamente ha dado seguimiento a las partidas, programas y asignaciones destinadas a niños, niñas y adolescentes en la propuesta del Poder Ejecutivo para el presupuesto fiscal del año 2023. En dicho seguimiento, la institución verifica si se incorporaron o no las recomendaciones que emitió al Ministerio de Hacienda para su formulación (entregadas en agosto de 2022) y, además, este año se concentra en corroborar si se da cumplimiento al principio de prioridad establecido en el artículo 16 de la Ley N°21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

El informe de seguimiento ya fue remitido a la Primera Subcomisión Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional.

“Sin duda valoramos el crecimiento general en materias de niñez y adolescencia, respecto de 2021 y 2022, pero en cumplimiento a nuestro rol institucional, debemos levantar la alerta sobre algunos temas que, nos parece, no están recibiendo la cobertura suficiente. Específicamente, nos resulta particularmente crítica la situación de implementación de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), dado que además de que su presupuesto se reduce para 2023, mantiene serias dudas sobre si es suficiente para lograr dicha implementación de acuerdo a los estándares legales en todo el territorio nacional dentro del plazo legal de cinco años”, dice la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

El análisis del Observatorio de la Defensoría de la Niñez revela que la variación presupuestaria especificada en la ley, en sus ítems específicos de niñez y adolescencia, desde 2020 a 2023 ha aumentado en un 6%. Sin embargo, el informe también señala que es una evolución real menor, ya que durante 2021 y 2022 se reversó el gasto en estas materias. Asimismo, es posible constatar aumentos importantes en relación a las asignaciones e ítems de salud, principalmente por salud mental y se identifica una recuperación en el gasto en educación, especialmente en exclusión educativa. “Luego de la crisis generada por la pandemia, resulta muy relevante responder concretamente a las consecuencias que dicho periodo dejó en niños, niñas y adolescentes y, en ese sentido, el presupuesto 2023 se comienza a hacer cargo de esa necesidad”, comenta Patricia Muñoz.

Por otra parte, la Defensoría de la Niñez indica que el proyecto del presupuesto 2023, que aún se tramita en el Congreso, acoge un 59% del total de recomendaciones de tipo fiscal que la Defensoría de la Niñez efectuó al Ministerio de Hacienda de cara a su formulación.

“Cabe advertir, sin embargo, que las recomendaciones efectuadas por la Defensoría de la Niñez relativas a ámbitos de gestión y planificación del gasto a mediano plazo no presentan cumplimiento, existiendo varias interrogantes de cómo se planean implementar algunas políticas públicas relevantes derivadas de la promulgación de la Ley de Garantías”, dice el informe de la institución. Como ejemplo, se señala que el aumento de recursos destinados a terminar con las listas de espera en los programas ambulatorios de protección de derechos, si bien pueden subsanar el problema en el próximo año, no resolverán del todo la situación a mediano plazo.

En esa misma línea, la Defensoría de la Niñez alerta sobre la implementación de las Oficinas Locales de Niñez, instancias claves en la puesta en marcha de la Ley de Garantías. Se advierte que hay una disminución en el gasto proyectado para 2023, y que, si bien el plazo final dado por la ley para su instalación es de cinco años, el desconocimiento de los reales parámetros de costos en los que se está proyectando la implementación, puede resultar perjudicial, ya que es fundamental cumplimiento de los plazos establecidos, pero también “priorizar en ello la calidad y la pertinencia de lo implementado, más allá de solo la disponibilidad de las prestaciones”.

En cuanto a la presentación del presupuesto, y aun cuando el análisis del proyecto da cuenta tácitamente de aspectos importantes en niñez y adolescencia, la Defensoría de la Niñez releva la necesidad de demostrar explícitamente el cumplimiento del principio de prioridad. Esto, para dar cumplimiento cabal a la Ley de Garantías que establece, en su artículo 16, que el presupuesto deberá considerar “prioritariamente el financiamiento del diseño y ejecución de normativas, políticas, servicios y prestaciones destinadas a la promoción, protección y garantía de los derechos del niño, niña y adolescente”.

El informe además especifica, a través del análisis de las partidas de cada ministerio, aspectos destacados del presupuesto en temas como programas sociales, salud, educación, cultura, deporte, programas de protección, entre otros. Puedes revisar el detalle en este enlace