Estado como garante principal
El Estado es el garante principal de los derechos de la niñez y adolescencia. Esto significa que tiene la responsabilidad primordial de respetarlos, protegerlos y cumplirlos. Para esto debe implementar medidas para hacer efectiva estas tareas de forma integral, coordinada y pertinente.
Derecho a ser escuchadas/os
Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que su opinión sea escuchada de manera efectiva frente a toda decisión que los involucre, lo que debe entenderse de manera amplia, incluyendo la participación ciudadana, a nivel familiar, educacional, en procesos judiciales y administrativos, entre otros.
Derecho a la libertad de asociación
Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a poder participar libremente en organizaciones, asociaciones, así como en reuniones y manifestaciones de carácter pacífico.
Derecho a la información y libertad de expresión
Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la información de los asuntos que los involucran e interesan y a expresar su opinión libremente. Esto implica el derecho a conocer sus derechos, así como tener toda la información necesaria, de forma pertinente y adecuada a su desarrollo, para poder expresarse libremente.
Derecho a la libertad de conciencia
Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como a tener creencias, cambiarlas o no tenerlas, y a manifestarlas de forma individual o colectiva. Nadie podrá coercer el ejercicio de este derecho u obligar a adoptar alguna forma de creencia.
Derecho a la no discriminación
Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que todos sus derechos sean respetados sin distinción alguna de razones como su sexo, expresión de género, orientación sexual, apariencia personal, lugar de vivienda, permanencia en dispositivos de protección o justicia juvenil, raza, color de piel, idioma, religión, creencias, opiniones políticas, origen étnico o
social, posición económica, impedimentos o características físicas, discapacidad o cualquier otra razón.
Derecho a un trato justo
Niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos administrativos, policiales o judiciales tienen derecho a un trato justo. El Estado debe asegurar un debido proceso en cada uno de ellos y una defensa de sus derechos gratuita, universal y especializada. El sistema de justicia juvenil deberá estar dirigido a la reinserción social de los adolescentes.
Derecho a la identidad, un nombre y nacionalidad
Niños, niñas y adolescentes tienen derecho tener un nombre, una identidad reconocida, una lengua y una nacionalidad que los cobije. Es deber del Estado asegurar estos derechos desde su nacimiento o ingreso al país, independientemente de su situación migratoria o la de sus padres.
Derecho a estar protegido
Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir sin violencia de ningún tipo. El Estado debe impedir que esta ocurra. En el caso de ocurrir, debe implementar todas las medidas necesarias para prevenir su nueva ocurrencia, reparar sus consecuencias y restituir sus derechos.
Derecho a vivir en familia
Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir con sus familias. El Estado debe prestar el apoyo necesario para que puedan cumplir con su responsabilidad primordial de cuidado y crianza, de forma corresponsable y respetuosa de sus derechos. De requerirse una separación, debe fundamentarse en su interés superior.
